Los indicadores que anticipan hacia dónde va el mercado laboral siguen entregando el mismo mensaje. En junio, el Índice de Avisos Laborales que publica mensualmente el Banco Central se situó en 70,7 puntos, lo que representa una baja interanual de 6,1% y completa ocho meses seguidos de retrocesos. Se trata, además, del nivel más bajo para un mes de junio desde 2024. El indicador mide el promedio de avisos publicados en los principales portales de empleo del país y funciona como una fotografía adelantada de lo que ocurrirá con la contratación asalariada formal en las semanas siguientes.

La prensa económica se apuró en señalar como «señal de optimismo» el hecho de que en la comparación mensual el índice subiera 4,9% respecto de mayo. Pero incluso los economistas consultados por esos mismos medios reconocen que estos indicadores son volátiles mes a mes y que la única tendencia consolidada es la caída interanual. La luz que buscan encender no alcanza a disimular el cuadro de fondo.

La crisis la siguen pagando quienes viven de su trabajo

Este nuevo dato no cae en el vacío. Hace apenas días el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación alcanzó el 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo, un alza de medio punto en doce meses y la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2021, cuando el país aún cargaba con las consecuencias de la pandemia. Según el INE, 981.315 personas se encontraban sin trabajo en el período, más de 63 mil que un año atrás. Y la carga, como siempre, no se reparte de manera pareja: la cesantía femenina trepó al 10,5%, frente al 8,6% de los hombres, confirmando que son las mujeres quienes primero quedan afuera cuando el empleo escasea. A ello se suma un deterioro en la calidad del empleo: mientras el trabajo asalariado formal privado se destruyó —cayó 1,6% en doce meses, más de 76 mil puestos—, la ocupación informal creció y la informalidad llegó al 27%.

En la Región de Valparaíso —como ya advertimos en estas páginas— la situación es todavía más aguda: con una tasa de 10,2%, la región encabezó el desempleo nacional junto a O’Higgins, muy por encima del promedio del país. Entre las mujeres, la cesantía regional alcanzó el 11,3%. Se trata de una zona que concentra actividad portuaria, logística, comercial y turística, generadora de enormes beneficios para grupos económicos nacionales y extranjeros; sin embargo, esa riqueza, producida por miles de trabajadoras y trabajadores, no se traduce en empleo estable ni en mejores condiciones de vida para quienes la generan.

Los peores empleos son los primeros en desaparecer

El desglose por tipo de ocupación desnuda el carácter de clase de esta crisis. La mayor caída en las ofertas de empleo del trimestre se registró en las llamadas «ocupaciones elementales», que se desplomaron un 21,1%. Ese grupo reúne a auxiliares de aseo y trabajadoras de casa particular, a obreros de la construcción, la industria, el agro y el transporte, y a cocineros de comida rápida y ayudantes de cocina, entre otros. Es decir, precisamente los puestos peor remunerados, más precarizados y con menor protección son los que primero se cierran.

No es un dato menor para quienes conocemos desde adentro la realidad del comercio, la comida rápida y los servicios: cuando la demanda flaquea, las empresas ajustan descargando el golpe sobre los eslabones más débiles de la cadena, sobre trabajadores rotativos, subcontratados y por jornada parcial que quedan sin ninguna red que los sostenga.

Ganancias intactas, gobierno que apuesta al empresariado

Frente a este panorama, el discurso oficial insiste en la lógica de siempre. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a descartar una recesión técnica y a prometer un «punto de inflexión» para el segundo semestre, aun cuando no descartó que la cesantía llegue a dos dígitos. Su fórmula para generar empleo es explícita: la prioridad «absoluta» será la recuperación del sector de la construcción privada. Ningún plan de obras públicas al servicio de las necesidades sociales, ninguna medida para frenar los despidos: la apuesta del gobierno de Kast es que sean las mismas empresas que hoy no contratan las que, cuando les convenga, vuelvan a hacerlo.

El propio ministro reconoció que el país lleva más de cuarenta meses con el desempleo por encima del 8%. Lo que presenta como un problema «estructural» a resolver con su reforma económica es, en realidad, el funcionamiento normal de un modelo que descarga la crisis sobre la clase trabajadora. Porque mientras se acumulan cinco trimestres consecutivos de destrucción de empleo asalariado privado formal y cinco meses de contracción de la actividad económica, los grandes grupos empresariales no han dejado de reportar utilidades. El leve avance del índice real de remuneraciones —un 3,2% en doce meses— es un promedio que oculta más de lo que muestra: nada dice de quienes directamente perdieron su fuente de ingresos.

Los economistas del gran empresariado describen el fenómeno con eufemismos técnicos: hablan de una «demanda débil por nuevas contrataciones». Detrás de esa frase hay una decisión política y de clase: los capitalistas se niegan a invertir a la espera de las reformas flexibilizadoras que prometió el gobierno, mientras las burocracias sindicales siguen al compas de espera en mesas de diálogo que no van para ningún lado.

Repartir el trabajo, prohibir los despidos

Frente a esta ofensiva resulta cada vez más urgente poner sobre la mesa medidas que respondan a las necesidades de la mayoría social y no a las de los grupos económicos: el reparto de las horas de trabajo sin reducción de salario, para que la falta de empleo no siga recayendo sobre unos pocos mientras otros trabajan jornadas extenuantes; la prohibición de los despidos en las empresas que reportan ganancias; un aumento significativo del salario mínimo; y un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores y las comunidades que genere empleo estable y con derechos. A ello se suma la estatización, bajo control de sus trabajadores, de toda empresa que cierre o quiebre, el fin del subcontrato y el paso a planta de quienes hoy sostienen la producción en condiciones de precariedad.

Ocho meses de caída en las ofertas de empleo no son una fatalidad ni un accidente del ciclo económico. Son el resultado de un sistema que hace pagar sus crisis a quienes producen la riqueza. La salida no vendrá de la mano de los mismos que la provocaron, sino de la organización de la clase trabajadora para imponer sus propias demandas.